Un latino de Texas condenado a muerte fue indultado el miércoles por la noche tras alegar que el estado estaba violando su libertad religiosa al no permitir que su pastor pusiera sus manos sobre él en el momento de la inyección letal.

El reo iba a ser ejectutado por haber matado a un trabajador de una tienda de comestibles durante un robo en 2004 del que se llevó 1.25 dólares.

El Tribunal Supremo bloqueó la ejecución de John Henry Ramírez unas tres horas antes de la ejecución. Ramírez fue condenado por apuñalar mortalmente a Pablo Castro, de 46 años, que trabajaba en una tienda de Corpus Christi.

Los fiscales alegan que Ramírez apuñaló a Castro 29 veces durante un robo en los que el recluso y dos mujeres buscaban dinero tras después de tres días consumiendo drogas. Ramírez huyó a México, pero fue detenido tres años y medio después.

Seth Kretzer, el abogado de Ramírez, había argumentado que el Departamento de Justicia Penal de Texas estaba violando los derechos de la Primera Enmienda del recluso al denegar su petición de que su pastor le tocara y orara cuando fuera ejecutado. Calificó la prohibición de la oración como una "orden de mordaza" espiritual.

"Es hostil hacia la religión, negando el ejercicio religioso en el momento preciso en que más se necesita: cuando alguien está pasando de esta vida a la siguiente", argumentó Kretzer en los documentos judiciales.

Los tribunales de apelación inferiores habían rechazado la solicitud de Ramírez.

La petición de Ramírez, de 37 años, es el último enfrentamiento entre los condenados a muerte y los funcionarios de prisiones de Texas y otros estados sobre la presencia de asesores espirituales en la cámara de la muerte.

En los últimos años, el Tribunal Supremo ha suspendido varias ejecuciones en Texas y Alabama por la presencia de clérigos o asesores espirituales en la cámara de la muerte. Las únicas suspensiones de ejecuciones que el Tribunal Supremo ha concedido en los últimos años han estado relacionadas con cuestiones de prácticas religiosas o discriminación.

En abril, el sistema penitenciario de Texas revocó una prohibición de dos años de permitir la presencia de asesores espirituales en la cámara de la muerte. La prohibición se produjo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos paralizara en 2019 la ejecución de otro recluso de Texas que había argumentado que se estaba violando su libertad religiosa porque no se permitía a su asesor espiritual budista acompañarle.

Texas permitía anteriormente que los clérigos contratados por el estado acompañaran a los reclusos a la cámara, pero su personal penitenciario solo incluía clérigos cristianos y musulmanes. La nueva política permite que el asesor espiritual aprobado de un recluso esté en la cámara, pero ambos no pueden tener contacto y no se permiten las oraciones durante la ejecución.

Los funcionarios de la prisión de Texas afirman que el contacto directo supone un riesgo para la seguridad y que la oración podría ser perturbadora e iría en contra de mantener un proceso ordenado. Aparte de algunos funcionarios de la prisión, la declaración final del recluso y el médico que anuncia la hora de la muerte, nadie más suele hablar formalmente durante una ejecución.

Dana Moore, consejero espiritual de Ramírez los últimos cuatro años, afirmó que la petición de dejarle tocar a Ramírez era para dejar que el recluso practicara su fe cristiana y para tratarle "con cierta dignidad".

Moore y Kretzer dicen que tocarle con las manos es un acto simbólico en el que los líderes religiosos ponen sus manos sobre alguien para ofrecer consuelo durante la oración o conferir una bendición espiritual en el momento de la muerte de alguien.

"La sentencia de John no fue la muerte y no se puede tener ningún contacto significativo", señaló Moore, que es pastor de la Segunda Iglesia Bautista de Corpus Christi. "Está pagando por su crimen. Supongo que la pregunta que surgiría es si eso no es suficiente".

Pero Mark Skurka, el principal fiscal en el juicio de Ramírez en 2008, dijo que aunque cree que un condenado a muerte debe tener un asesor espiritual en el momento de la ejecución, debe haber limitaciones basadas en la seguridad.

"Pablo Castro no pudo tener a alguien que rezara por él mientras este tipo lo apuñalaba 29 veces. Pablo Castro no se permitió el lujo de tener un clérigo presente", apuntó Skurka, ahora retirado después de servir como fiscal de distrito del condado de Nueces.

Castro, que tenía nueve hijos, llevaba más de una década trabajando en la tienda cuando fue asesinado.

"Era un buen tipo. Ayudaba a la gente del barrio. Todo el mundo le quería", recordó Skurka.

Dos mujeres que participaron en el robo y fueron condenadas por cargos menores siguen en prisión.

Está previsto que se lleven a cabo otras seis ejecuciones a lo largo de este año en Texas, el estado con mayor número de condenas a la pena capital del país.