A diez años de la primera gran masacre de migrantes en México —el asesinato de 72 personas en San Fernando, en el noreste del país— este crimen sigue impune y tanto las familias de las víctimas como la oficina de Naciones Unidas para los derechos humanos han pedido más esfuerzos a las autoridades para poder hacer justicia, esclarecer la verdad e identificar correctamente a las victimas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que el gobierno aceptará que la ONU intervenga en las investigaciones sobre desapariciones forzadas o violaciones a los derechos humanos como la de San Fernando, algo que hasta ahora no podía hacer.

“Fue una masacre”, reconoció López Obrador. “Tenemos que seguir con la investigación, ahora no se protege a nadie, no hay impunidad”.

El 24 de agosto de 2010 la Marina mexicana informó del hallazgo de 72 cadáveres en un rancho de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, fronterizo con Texas. En la matanza, que conmocionó a México, no sólo participaron miembros del cártel de Los Zetas, también hay policías bajo investigación. No hay ningún sentenciado.

Los representantes de las víctimas han denunciado desde hace años numerosas irregularidades y negligencias tanto en las indagaciones como en la identificación de los cuerpos, la mayoría de migrantes centroamericanos.

Por eso el lunes, algunos de los familiares participaron en una audiencia virtual con autoridades mexicanas a quienes exigieron que permitan exhumar aquellos cuerpos cuyas identificaciones, una década después de los hechos, generan muchas dudas, indicó en su cuenta oficial de Twitter la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, la ONG que les representa.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, se comprometió a colaborar para que se haga una identificación correcta de los cuerpos que se entregaron a las familias, indicó su departamento en un comunicado.

Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a todos los países implicados que redoblen esfuerzos para llegar a la verdad e instó a a las autoridades a poner en marcha canales de coordinación transnacionales “para la búsqueda de migrantes desaparecidos y para facilitar la identificación de restos y la entrega digna a las familias”.

Por su parte, la organización de derechos humanos estadounidense WOLA denunció que el que no haya condenados por la masacre demuestra que la falta de justicia en crímenes contra migrantes, en los que muchas veces hay funcionarios implicados, es generalizada.