Los ciberdelitos van en aumento en México y los legisladores buscan soluciones para frenarlo. Actualmente hay tres propuestas sobre la mesa que van desde penas de cárcel hasta dejar la vigilancia del ciberespacio en manos del Ejército. Esta última es iniciativa del diputado federal de Morena, Javier Salinas Narváez, y forma parte de la agenda que su bancada impulsará en el actual periodo legislativo, es decir, de septiembre de 2020 a agosto de 2021.

Su propuesta perfila reformar el artículo 73 de la Constitución, para establecer el concepto de defensa de la “ciberseguridad” y estipular que sea “un esfuerzo que debe darse para proteger a la sociedad, en la que estarían involucradas instituciones importantes como la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, entre otras, reforzando los mecanismos de prevención e investigación del delito”. De este modo, la ciberseguridad sería una más de las tareas que la cuatroté plantea delegar a las fuerzas armadas.

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Organizaciones de derechos humanos en Internet, como la R3D, han externado su preocupación por la intención de darle a los militares las facultades de vigilancia ya que esto podría contravenir la función constitucional para la cual fue diseñado el Ejército que en tiempos de paz.

La propuesta de Salinas Narváez no es la única en vías de ser analizada. En la Cámara alta, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, presentó una iniciativa a principios de septiembre para crear la Ley General de Ciberseguridad.

Esta plantea castigar con ocho a 12 años de prisión y multas que van de 800 a 2 mil veces la unidad de medida y actualización vigente “a quien lleve a cabo modificaciones no autorizadas en los sistemas informáticos que tengan como consecuencia la generación de una vulnerabilidad”.

El ex jefe de Gobierno capitalino plantea además castigar a quien distribuya, a través del ciberespacio, programas, códigos u otro tipo de información con el fin de generar o aprovechar vulnerabilidades en los sistemas informáticos. Y castigar con hasta 20 años de prisión y multas hasta de tres mil unidades de medida, a quien “afecte la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de los datos o sistemas de infraestructura informática crítica o que con ánimo de conseguir un lucro o provecho, amenace al Estado con daños físicos o patrimoniales a datos, sistemas o infraestructura informática crítica, ya sea por vía telefónica, comunicación electrónica o cualquier medio físico o electrónico”.

Otra propuesta que va alineada con la iniciativa de Mancera Espinosa, pero planteada en San Lázaro, es la de la diputada Eugenia Hernández, que propone reformar la Ley de Seguridad Nacional y catalogar los ataques cibernéticos como amenazas a la seguridad nacional.

Esta propuesta, argumentó la legisladora morenista, surgió a raíz del ataque a Pemex, donde los piratas cibernéticos trataron de secuestrar la información de la paraestatal y exigieron cinco millones de dólares para devolverla.