El Gobierno que preside Joe Biden anunció este jueves que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejará de utilizar dos prisiones locales ubicadas en Georgia y en Massachusetts para albergar a indocumentados bajo custodia, debido a las denuncias e investigaciones por supuestos abusos.

Tenemos la obligación de realizar mejoras definitivas en nuestro sistema de detención civil de inmigrantes. No toleraremos el maltrato de personas detenidas y tampoco que no tengan las condiciones necesarias en cuanto a salud y seguridad”, declaró el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.

Las instalaciones afectadas son la cárcel de la Oficina del Sheriff del Condado de Bristol, en Massachusetts; y el Centro de Detención del Condado de Irwin, en Georgia.

La primera está bajo investigación desde el año pasado por un incidente en el que los guardas usaron perros, granadas de sonido y spay de pimienta contra los presos por una disputa relacionada con las pruebas de coronavirus.

La segunda ha sido denunciada por varias mujeres que supuestamente fueron esterilizadas sin su consentimiento.

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La orden del cese de operaciones se debe cumplir “lo antes posible”, según Mayorkas, quien también decidió rescindir un convenio que capacitaba al centro ubicado en Massachusetts a examinar a los arrestados por delitos con el objeto de analizar si eran elegibles para ser deportados.

El número de personas deportadas cayó a mínimos históricos en abril, mes en el que expulsó a 2,962 personas, la primera vez desde que se recogen estadísticas en que esa cifra está por debajo de 3,000, reseñó la agencia de noticias Efe. En comparación con el mes anterior, con 3,716 deportaciones, la cifra cayó cerca de un 20%.

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Los funcionarios federales eligieron cerrar estas dos instalaciones principalmente porque el número de detenidos en ellas se ha reducido y “ya no son necesarias desde el punto de vista operativo”, dijo un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional que habló bajo condición de anonimato con el diario The Washington Post.

Pero el hecho de que ambas cárceles estén bajo investigación federal por denuncias de abusos contra inmigrantes -acusaciones que siguen abiertas y sin resolver- influyó también en la decisión, según añadió.

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