De manera oficial, el gobierno de Estados Unidos solicitó a la fiscal general del Distrito Sur de Florida certificar la extradición del exgobernador de Chihuahua, Cesar N, ya que hay suficiente evidencia que establece una causa probable por los delitos de peculado y asociación delictuosa que le imputa el gobierno mexicano.

El consejero jurídico del Gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés, dijo que a partir de hoy se podrá fijar la fecha de la audiencia de extradición.

“Será a partir de mañana (hoy) en la que se fijará la fecha para una audiencia final de extradición, una vez que ya estén finiquitados los términos que estableció la jueza para el día de hoy (ayer)”, dijo Espinoza Cortés.

Como lo ha publicado El Sol de México, el detenido está acusado de crear una red para triangular recursos públicos a empresas donde él o sus familiares son accionistas.

En su petición, el gobierno estadounidense señala que hubo 11 transacciones indebidas, e involucran transferencias por 36 millones de pesos del fondo de emergencia de Chihuahua a Unión Ganadera, supuestamente para pagar a los ganaderos, pero que funcionarios involucrados en ese esquema fraudulento, “admitieron posteriormente que entendían que el acuerdo era ilegal e irregular", ya que de los beneficiarios enumerados "45 estaban muertos" y otros seis declararon no haber firmado nunca ningún documento.

En su petición, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aclaró a la Corte que lleva el caso del exgobernador, que tiene jurisdicción plena sobre el acusado por haberlo arrestado en sus límites, por lo que existe la autorización para llevar este proceso. Desde el 2016 el exgobernador de Chihuahua comenzó a ser investigado y no fue sino octubre del año pasado cuando una jueza en Chihuahua emitió una orden de captura por malversación y conspiración agravada.

Posteriormente el Gobierno mexicano presentó formalmente la solicitud para extraditarlo y el 24 de abril de 2020, el gobierno de Estados Unidos presentó una denuncia solicitando una orden de arresto. Luego de ser arrestado el 8 de julio, el exgobernador fue puesto bajo la custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en espera de que se resuelva este procedimiento.

El exgobernador aún puede oponerse a la solicitud, aunque deberá de presentar evidencia que explique o borre completamente la causa probable, ya que esa es la única forma admisible en una audiencia de este tipo por lo que no podrá presentar evidencia que simplemente contradiga las pruebas presentadas.