Se cumple el primer año del ataque en el que 23 mexicanos murieron en el Walmart de El Paso, Texas, sin que hasta el momento el responsable, Patrick Wood Crusius, haya recibido castigo ni el gobierno de Estados Unidos avance en el control de las armas.

Defensores de las víctimas expresaron en entrevista con El Sol de México su frustración porque autoridades estatales y federales prometieron leyes de control de armas para reducir la probabilidad de que más tiroteos masivos se presenten, pero no se ha hecho nada desde entonces.

Las organizaciones Everytown for Gun Safety y sus redes de base: Moms Demand Action y Students Demand Action, demandaron al Gobierno mexicano que reclame “la inacción del presidente Donald Trump y los republicanos en el Senado, así como la necesidad de desarmar el odio”.

“La violencia armada se puede prevenir a través de leyes como la HR8, y la Ley de Verificación de Antecedentes Bipartidista de 2019, pero tristemente, esos proyectos se han enfrentado a la obstrucción de la Casa Blanca y el Senado, por ello, el Gobierno mexicano debe presionar para que la administración de Donald Trump haga algo para regular las armas en Estados Unidos”, afirmó la congresista paseña Verónica Escobar.

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